Así sancionó Cornell a los siete acusados de agredir sexualmente a una estudiante, tell me about this news today

Los registros disciplinarios desclasificados y las revelaciones recientes sobre la Universidad de Cornell detallan cómo el comité universitario bajo el Título IX sancionó a los siete miembros de la fraternidad Chi Phi acusados de drogar y agredir sexualmente a una estudiante en octubre de 2024:

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• Expulsiones: Dos de los acusados, Matthew Ingalls y Jonathan Newell, fueron expulsados definitivamente. El comité determinó que fueron los principales responsables de incitar el consumo forzado de sustancias (como ketamina y alcohol), iniciar los abusos y convocar al resto de los miembros mediante mensajes grupales para que acudieran a la habitación donde la víctima se encontraba incapacitada.

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• Suspensiones temporales y probatoria: Dos implicados, Winston Lee y Gillio Lopes, recibieron suspensiones académicas de entre tres semestres y dos años, seguidas de periodos de libertad condicional disciplinaria. Además, se les impusieron órdenes de no contacto, la obligación de cursar talleres sobre acoso sexual y la redacción de «ensayos de reflexión».

• Veto del campus: A Diego Sarabia, quien ya se había graduado para el momento en que concluyó la investigación formal, se le dictó una orden de persona non grata, prohibiéndole el ingreso a las instalaciones universitarias durante tres años.

• Sanciones menores: A otros dos involucrados no se les halló culpables de agresión sexual física directa en el proceso disciplinario interno, pero recibieron medidas por infracciones conexas (como intento de explotación sexual o complicidad), con sanciones que incluyeron talleres, periodos de probatoria o trabajos formativos.

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• Medidas institucionales: La universidad clausuró y vetó de forma indefinida el capítulo de la fraternidad Chi Phi en el campus.

La revelación de estas medidas disciplinarias internas, en particular que varios de los involucrados solo recibieran suspensiones temporales o tareas escritas y que la fiscalía local inicial declinara presentar cargos penales, desató una amplia indignación pública. A raíz de la demanda civil de la estudiante, las autoridades estatales de Nueva York ordenaron reabrir y revisar a fondo el caso bajo un fiscal especial.

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